Una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con José Carlos Vives Gómez, socio y representante de CF Veracruzano, por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vives Gómez está vinculado con Piratas FC, equipo que disputará sus partidos como local en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente, en Boca del Río.
El escrito fue radicado ante la FEMDO, con sede en la Ciudad de México, instancia que deberá verificar los hechos señalados y determinar si existen elementos para continuar con el procedimiento ministerial.
De acuerdo con la denuncia, entre 2022 y 2024 diversas personas físicas y morales, entre ellas Vives Gómez, habrían participado en una estructura corporativa y financiera utilizada para administrar y canalizar recursos.
El documento señala que distintas empresas relacionadas entre sí habrían intervenido en las operaciones, con funciones operativas, económicas y patrimoniales diferenciadas.
Según el planteamiento presentado ante la FGR, esa estructura habría permitido separar la titularidad de activos y derechos de las actividades económicas desarrolladas por otras personas morales.
INVESTIGAN DERECHOS DEL “PIRATA” FUENTE
Entre los elementos mencionados se encuentran derechos relacionados con el uso y la explotación comercial del estadio Luis “Pirata” de la Fuente, inmueble donde Piratas FC tendrá su sede.
A partir de estos señalamientos, la FEMDO deberá establecer el origen, destino y beneficiarios de los recursos involucrados, así como la participación que, en su caso, tuvo cada persona o empresa incluida en la denuncia.
La investigación también deberá determinar si la distribución de activos, ingresos, contratos y obligaciones entre distintas sociedades dificultó identificar a quienes controlaban los recursos o recibían los beneficios económicos.
Otro de los aspectos señalados es una posible diferencia entre la capacidad fiscal y patrimonial de las personas mencionadas y el valor de las operaciones relacionadas con los bienes y derechos bajo revisión.
Para verificar los hechos, la Fiscalía podrá solicitar información fiscal, bancaria, financiera, patrimonial y corporativa, además de contratos, declaraciones tributarias y registros de movimientos entre las empresas señaladas.
La denuncia relaciona el caso con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que contempla conductas como adquirir, administrar, custodiar, invertir, transferir o manejar recursos de procedencia ilícita.
Corresponderá al Ministerio Público determinar si las operaciones denunciadas existieron, si los recursos tuvieron un origen ilícito y si las personas mencionadas tuvieron conocimiento o participación en los hechos
JRG
