Xalapa, Ver. - Dos funcionarios municipales de Veracruz disponen de siete días para responder a los procedimientos iniciados en el Congreso local con los que se busca retirarles el fuero constitucional, paso necesario para que puedan enfrentar investigaciones o procesos penales abiertos en su contra.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, informó que ambos ediles ya fueron notificados y que el plazo para presentar su defensa vencerá el próximo martes.
“Ya se les notificó y ahora tienen siete días para responder a lo que a derecho corresponda”, señaló.
Explicó que los servidores públicos podrán presentar su defensa por escrito o acudir personalmente al Congreso. Una vez concluido el plazo, la Comisión Instructora programará una audiencia para recibir pruebas y alegatos antes de emitir un dictamen.
IDENTIDAD RESERVADA
La legisladora evitó revelar la identidad de los investigados, los ayuntamientos que encabezan y los delitos que se les atribuyen, al argumentar que esa información permanecerá reservada mientras se desarrolla el procedimiento.
“El proceso debe llevarse ante la Comisión Instructora, que evaluará los expedientes que le fueron enviados”, comentó.
Añadió que únicamente los integrantes de esa comisión conocen el contenido de los expedientes y que será hasta que exista un dictamen cuando el resto de los diputados tenga acceso a los casos.
El procedimiento que enfrentan ambos alcaldes se conoce jurídicamente como declaración de procedencia, mecanismo mediante el cual el Congreso determina si un servidor público debe perder el fuero para que pueda ser procesado penalmente.
La aprobación de este procedimiento no significa que el funcionario sea culpable, sino que elimina la protección constitucional que impide proceder penalmente contra determinados servidores públicos mientras permanecen en funciones.
Una vez concluido el plazo de siete días para presentar su defensa, la Comisión Instructora celebrará una audiencia para desahogar pruebas y alegatos. Posteriormente, elaborará un dictamen que será sometido a votación del Pleno del Congreso.
Para retirar el fuero se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados. Si se alcanza esa mayoría, los alcaldes perderán la inmunidad procesal y la Fiscalía podrá continuar con el procedimiento y, en su caso, ejercer acción penal en su contra.
Si el Congreso rechaza la solicitud, el procedimiento quedará suspendido mientras ambos permanezcan en el cargo.
JRG
