El Partido Acción Nacional condena los hechos de violencia que han asolado a la entidad en los últimos 10 años, que se han recrudecido en los últimos cinco años y que azotan a Veracruz con fuerza en los últimos meses.
Reprobamos la actuación de las autoridades, mismas que han sido omisas, incompetentes, ineficientes, incapaces y hasta cómplices.
La barbarie ha tomado asiento en Veracruz, el colmo ya no alcanza para expresar que se ha rebasado un límite. La capacidad de sorpresa se agota y el dolor de los ciudadanos-víctima ya es enorme.
No, no se trata de politizar o convertir la violencia en tema electoral, por si les preocupa a algunos. Se trata de solidaridad, simple solidaridad.
Cómo no caer en el enojo cuando a una familia le es arrebatado uno de sus miembros por la policia estatal. Cómo no dolerse cuando a un padre de familia le informan que su hijo fue torturado y reducido a cenizas.
Cómo no reclamar la impunidad que propicia la autoridad al no perseguir el delito y convertirse en cómplice de los hechos delictivos.
En el PAN condenamos la violencia galopante que ya cobró la vida de otra periodista que tiene nombre y familia: Anabel Flores Salazar, madre, hija, hermana, que deja en la orfandad a dos pequeños de 2 años y 15 días.
Cuántas víctimas más debemos esperar para exigir al Gobierno de Javier Duarte que castigue a los responsables de estos hechos.
Cuántos desaparecidos más para atender a las madres, padres y hermanos de todos ellos; para buscarles.
Cuánta barbarie más para demandar el castigo para quien encabeza el Gobierno y es responsable de lo que hacen sus subalternos y éstos de lo que hacen sus empleados.
El Partido Acción Nacional exige al Fiscal General que deje de criminalizar a las víctimas, que actúe y, como él mismo dice, vaya por más responsables del crimen de los 5 jóvenes, y de todos los demás muertos, de todos los desaparecidos, y solicite el desafuero de Javier Duarte para llevarlo a proceso.
Ningún padre, ninguna madre, debería ser llevado a tanto dolor al recibir una parte de su hijo.
Ningún reportero debería ser asesinado por ejercer su profesión y si en el camino se topa con relaciones nada convenientes debería de ser sometido a la ley y no a la muerte.
A Javier Duarte le decimos que no está protegiendo la vida de nadie y está obligado a ello porque así lo marca la Constitución.
Se le acaba el tiempo, tendrá que responder ante la ley por todo esto.
